La transición hacia la Economía Circular es una responsabilidad compartida entre los niveles de gobierno y las partes interesadas. Los gobiernos nacionales pueden apoyar la transición hacia la Economía Circular al proporcionar un marco político general para todos los niveles de gobierno que empodere a las autoridades locales y regionales para construir su propia visión de la economía circular basada en metas y objetivos comunes.
Los gobiernos nacionales también pueden apoyar la transición circular con instrumentos normativos, financieros y económicos, en particular corrigiendo los incentivos no deseados, eliminando los subsidios perjudiciales, fijando los precios de las externalidades ambientales y mejorando los requisitos normativos sobre el diseño ecológico de los productos.
Los gobiernos pueden promover la Economía Circular actuando como un modelo a seguir, brindando información clara y estableciendo metas y objetivos, en particular a través de: definir quién hace qué y predicar con el ejemplo (funciones y responsabilidades); desarrollar una estrategia de Economía Circular con metas y acciones claras (visión estratégica); promover una cultura de Economía Circular y aumentar la confianza (concienciación y transparencia).
Los gobiernos pueden facilitar las conexiones y el diálogo, en particular mediante:
- la implementación de una gobernanza multinivel efectiva (coordinación);
- fomentar el pensamiento sistémico (coherencia de políticas);
- facilitar la colaboración entre empresas y actores públicos sin fines de lucro (participación de las partes interesadas) y
- adoptar un enfoque funcional (escala apropiada).
Los gobiernos en diferentes niveles pueden crear las condiciones propicias para la transición circular al identificar los instrumentos regulatorios que necesitan ser adaptados o implementados (regulación); movilizar recursos financieros y asignarlos de manera eficiente (financiamiento); adecuar los recursos humanos y técnicos a los retos a afrontar (capacity building); apoyar el desarrollo empresarial (innovación); y generar un sistema de información y evaluar los resultados (datos y evaluación).
Es importante observar que:
Se debe considerar la priorización de acciones: abordar todas las recomendaciones simultáneamente no es factible ni deseable, por lo que la priorización de acciones es clave.
Se deben evaluar los recursos para la implementación: la implementación de las acciones requerirá recursos humanos, técnicos y financieros. Al priorizar y evaluar la adecuación y viabilidad de las acciones sugeridas, se deben evaluar cuidadosamente los recursos necesarios para ponerlas en práctica, así como el papel de las partes interesadas que pueden contribuir a la fase de implementación.
Las acciones propuestas deben actualizarse en el futuro: pueden surgir nuevos pasos y objetivos potenciales a medida que las acciones comienzan a implementarse.
Varias partes interesadas deben contribuir a su implementación: las recomendaciones de políticas y las acciones relacionadas deben implementarse como una responsabilidad compartida entre una amplia gama de actores.
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